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¿Van los ricos a la cárcel? Fernando Álvarez Uría y Julia Varela hablan sobre la función social del sistema penitenciario

Fecha de creación

07 de Febrero de 2013

Fernando Álvarez Uría y Julia Varela en su libro Sociología de las instituciones analizan las principales instituciones que vertebran la vida social: desde la familia y la escuela hasta los hospitales y cárceles.

Hemos seleccionado unos extractos donde hablan de las cárceles (la negrita es nuestra).

¿Cuál sería, por tanto la función de las cárceles?

Las sociologías críticas del sistema penitenciario han contribuido a mostrar que las cárceles, lejos de estar al servicio de la democracia, esos recintos cerrados, en dónde existen celdas de castigo, al igual  que  en  las  mazmorras  del  antiguo  régimen, no  sirven  en  realidad  para combatir el delito pues las grandes delincuentes no van casi nunca a la cárcel y menos aún para reinsertar a los delincuentes, sirven en realidad para castigar la disidencia de los pobres, sacralizar la propiedad privada y perpetuar la ficción de que el orden capitalista es un orden conforme a derecho, por lo que el derecho instituido coincide con la justicia, las cárceles de la miseria no sirven a la democracia sino a la perpetuación del capitalismo. (...)

¿Cómo aparecieron las cárceles?

En el trasfondo del nacimiento de la prisión se sitúa no sólo el miedo de la burguesía a los movimientos populares —y la consiguiente reglamentación  y  cuadriculación  de  las  poblaciones  que  ese  temor  inspiró—,  sino también la necesidad de proteger una riqueza que el desarrollo productivo ponía en manos de las clases trabajadoras bajo la forma de materias primas, maquinarias e instrumentos de trabajo. Foucault muestra cómo las leyes han sido promulgadas por unos e impuestas a otros, la burguesía se reserva los ilegalismos de derecho —fraudes, evasiones fiscales, operaciones comerciales irregulares y otros delitos para los que establece jurisdicciones especiales y que casi nunca son castigados con penas de cárcel—, y persigue los ilegalismos de bienes, los pequeños robos y atentados contra la propiedad con tribunales especiales y penas de privación de libertad. 

El sistema penal permite a la burguesía no tanto suprimir los ilegalismos cuanto  gestionarlos y regularlos precisamente cuando la función manifiesta de la cárcel vehiculada por los nuevos principios consiste en afinar, universalizar el arte de castigar y homogeneizar su ejercicio. la teoría política del contrato, la ficción de un pacto social suscrito de una vez por todas, convierte al delincuente en un enemigo público, en un monstruo moral que amenaza con socavar con sus actos los pilares del sistema social. El delincuente se convierte así en un elemento desestabilizador del orden público por lo que debe ser castigado a la vez que reformado

Sociología de las Instituciones

El derecho de castigar se desplaza desde finales del siglo XVIII, cuando la burguesía accede al poder político, de la venganza del Soberano a la defensa de la sociedad, pues los delitos dejan de ser delitos de lesa majestad, delitos contra el rey, para pasar a convertirse en delitos contra la sociedad, la cárcel se instituye en consecuencia no sólo con la finalidad de proteger el orden establecido, sino también en nombre de la razón y de la humanidad para mejorar  al  delincuente.  Pero,  desde  los  inicios  de  su  puesta  en  marcha  se formula una voluntad de reforma y de reinserción de los condenados a través de esta nueva modalidad de castigo.
El monótono discurso criminológico lleva dos siglos reproduciendo la cantinela humanista de regeneración del preso y comprobando al mismo tiempo el continuo fracaso de la prisión a la hora de alcanzar esos objetivos altruistas, pues lejos de mejorar, los delincuentes que pasan por ella reinciden, uno de los logros de los análisis de Foucault consiste precisamente  en  resolver  esa  vieja  paradoja:  ¿cómo  es  posible  que  una  institución pública,  nacida  también  para  rehabilitar  a  los  detenidos,  fabrique  en  realidad profesionales de la delincuencia? El análisis de la instrumentalización política de la delincuencia proyecta una nueva luz sobre las relaciones entre la policía y el mundo del delito, muestra cómo la más baja extracción de las clases populares puede  ser  utilizada  contra  los  intereses  de  los  trabajadores,  desvela,  en  fin, cómo una práctica de corrupción invisible alimenta la producción de obras filantrópicas y proyectos reformistas.

Sociología de las instituciones de Julia Varela y Fernando Álvarez Uría está disponible en formato papel y en formato digital (PDF con DRM)

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